El lunes, un tribunal de París condenó al fabricante de cemento Lafarge por la implicación de su sucursal en Siria en la financiación del terrorismo y la violación de las sanciones europeas para seguir operando su fábrica en el norte de este país árabe, en el período comprendido entre 2013 y septiembre de 2014.
Publicado el: 13/04/2026 - 12:42 Última actualización: 13/04/2026 - 15:11
Un tribunal de París condenó este lunes a la empresa cementera Lafarge, filial de Holcim, por cargos de implicación de su sucursal en Siria en la financiación del terrorismo y violación de las sanciones europeas para seguir operando su fábrica en el norte de Siria durante la guerra civil que vivió el país.
Los jueces concluyeron que Lafarge pagó un total de 5.593 millones de euros (6,53 millones de dólares) a grupos extremistas, incluidos el Estado Islámico y el Frente Al-Nusra de Al Qaeda, entre 2013 y septiembre de 2014. La Unión Europea clasifica a las dos organizaciones como organizaciones terroristas.
Ocho exempleados de Lafarge, incluidos ejecutivos, fueron condenados por financiar el terrorismo.
La presidenta del tribunal, la jueza Isabelle Prevost-Desprez, dijo: "Este método de financiación de organizaciones terroristas, especialmente el 'Estado Islámico', fue esencial para permitir que la organización terrorista controlara los recursos naturales en Siria, lo que le permitió financiar actos terroristas dentro de la región y aquellos planeados en el extranjero, especialmente en Europa".
Además de Lafarge, la lista de acusados incluía a su ex director general, Bruno Laffont, cinco ex funcionarios de los departamentos operativos o de seguridad y dos mediadores sirios, uno de los cuales no estuvo presente en las sesiones del juicio.
Lafon fue condenado a seis años de prisión por financiar el “terrorismo” y el tribunal ordenó la ejecución inmediata de la sentencia. Además, el ex director general Christian Haro fue condenado a cinco años de prisión.
El tribunal también impuso a la empresa una multa máxima de 1.125 millones de euros, y la obligó a pagar una multa aduanera de 4,57 millones junto con cuatro de sus exfuncionarios, por incumplimiento de sanciones financieras internacionales, que es uno de los cargos incluidos en el caso.
Francia 24/Reuters/AFP
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