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Yaundé, Camerún – Una disputa sobre obras viales en Yaundé en marzo, antes de la visita del Papa León XIV a Camerún el mes siguiente, puso de relieve las tensiones entre el gobierno central y las autoridades municipales.

El desacuerdo involucró a la ministra de Vivienda y Desarrollo Urbano, Celestine Ketcha Courtes, y al alcalde de la ciudad de Yaundé, Luc Messi Atangana, sobre la rehabilitación de una carretera a lo largo de la ruta de la visita papal, según informes de los medios locales.

El episodio planteó una pregunta más amplia sobre los centros de autoridad en competencia en Camerún: ¿Quién ejerce el poder cuando el presidente Paul Biya está ausente?

Biya, de 93 años, ha gobernado Camerún desde 1982. Sus prolongadas ausencias de la vista pública han intensificado el escrutinio sobre cómo se toman las decisiones, quién tiene acceso a él y cuánta autoridad ejercen quienes lo rodean.

Biya regresó a Yaundé el 20 de agosto después de más de diez semanas en el extranjero, tras una estancia en Europa que comenzó el 7 de junio. Su regreso hizo poco para disipar las dudas sobre la gestión del poder.

La cuestión no es simplemente si el Estado sigue funcionando. Se trata de si las instituciones y redes informales construidas en torno a un presidente pueden gestionar el poder de manera coherente cuando éste no dirige visiblemente el gobierno.

La constitución de Camerún otorga al presidente amplia autoridad ejecutiva. Define la política nacional, nombra al primer ministro y, basándose en la propuesta de este último, a otros miembros del gobierno.

También es comandante en jefe de las fuerzas armadas. El primer ministro encabeza el gobierno y dirige sus actividades en el marco de la política del presidente.

¿Quién tiene la autoridad ejecutiva?

Según el artículo 10 de la Constitución, el presidente puede delegar algunos de sus poderes en el primer ministro, otros miembros del gobierno y altos funcionarios administrativos, dentro del ámbito de sus respectivas responsabilidades.

Cuando el presidente no pueda desempeñar temporalmente sus funciones, deberá delegar expresamente algunas de sus funciones en el primer ministro o, si el primer ministro tampoco está disponible, en otro miembro del gobierno.

Una ausencia en el extranjero no establece, en sí misma, que el presidente no pueda desempeñar temporalmente sus funciones ni transferir automáticamente sus poderes constitucionales al primer ministro.

El gobierno no ha proporcionado una explicación pública detallada sobre si existe una delegación clara de funciones presidenciales durante las prolongadas ausencias de Biya.

Una investigación del Proyecto de Informes sobre el Crimen Organizado y la Corrupción (OCCRP) encontró que Biya pasó al menos cuatro años y medio en el extranjero en visitas privadas durante un período de más de tres décadas.

La investigación, que examinó registros de sus viajes desde 1982 en adelante, renovó las preguntas sobre hasta qué punto los asuntos gubernamentales dependen de su participación directa.

Una figura central en ese debate es Ferdinand Ngoh Ngoh, el secretario general de la presidencia.

Según la biografía oficial publicada por la Oficina del Primer Ministro, sus responsabilidades incluyen recibir instrucciones del presidente, monitorear la implementación de las decisiones presidenciales y coordinar las administraciones adscritas a la presidencia.

El 5 de febrero de 2019, Biya firmó el Decreto N° 2019/043, otorgando a Ngoh Ngoh una delegación permanente de firma. La medida le dio autoridad para firmar ciertos documentos oficiales en nombre del presidente.

Sin embargo, una delegación de firma no es una transferencia de poderes presidenciales. Ngoh Ngoh no es constitucionalmente el sucesor del presidente y sus responsabilidades formales no deben confundirse con la influencia política informal que se le atribuye.

La influencia del círculo interno.

Otras figuras mencionadas habitualmente en las discusiones sobre la presidencia incluyen a la primera dama Chantal Biya y al hijo del presidente, Franck Biya. Ninguno de los dos ocupa un cargo ejecutivo constitucional. Las afirmaciones sobre su influencia y sobre las redes rivales en torno al presidente son difíciles de establecer de forma independiente.

Ryan Cummings, un analista de seguridad centrado en África, ha sostenido que personas cercanas al presidente pueden estar desempeñando papeles cada vez más tangibles a medida que crecen las dudas sobre la gestión del poder.

Su evaluación señala la importancia del círculo presidencial, pero no establece quién toma decisiones particulares ni bajo la autoridad de quién.

El acceso al presidente no establece, en sí mismo, que quienes lo rodean ejerzan poderes ejecutivos.

Una sucesión incierta

La cuestión de la sucesión se ha vuelto más apremiante tras una enmienda constitucional aprobada el 14 de abril de este año. La enmienda reintrodujo el cargo de vicepresidente, otorgando al presidente la autoridad de nombrar y destituir a su titular.

Según el artículo 6 revisado, el vicepresidente asumiría la presidencia si el cargo quedara vacante por muerte, renuncia o incapacidad permanente del presidente establecida por el Consejo Constitucional.

El vicepresidente completaría el resto del mandato presidencial.

La ley también prevé circunstancias en las que no hay vicepresidente o el vicepresidente no puede desempeñar las funciones del cargo. En cualquier caso, se deben celebrar elecciones presidenciales entre 20 y 120 días después de que el cargo quede oficialmente vacante.

El presidente del Senado actuaría como presidente interino hasta que se elija un nuevo presidente. Si el presidente del Senado no puede desempeñar su cargo, la responsabilidad pasa al vicepresidente del Senado, según el orden de precedencia en el Senado.

La enmienda establece un mecanismo de sucesión formal pero deja el nombramiento del vicepresidente en manos de Biya. Hasta el 10 de noviembre no se había anunciado públicamente ningún nombramiento.

La ausencia de un vicepresidente designado significa que el nuevo acuerdo de sucesión aún debe ser probado. Si la presidencia queda vacante antes de un nombramiento, la constitución prevé una presidencia interina bajo el presidente del Senado y una nueva elección presidencial. Por lo tanto, los relatos de facciones en competencia y los esfuerzos por posicionar a posibles sucesores deben tratarse como evaluaciones, no como evidencia de un plan de sucesión acordado.

Reorganizaciones militares y riesgos más amplios

Los nombramientos militares durante la ausencia de Biya han añadido otra dimensión al debate.

El 4 de agosto, la agencia de noticias Reuters informó que tres decretos presidenciales habían reorganizado la alta dirección militar. Los cambios incluyeron el reemplazo de comandantes en cuatro de las cinco regiones militares conjuntas de Camerún, el ascenso del jefe de la Guardia Presidencial de coronel a general de brigada y el nombramiento de un nuevo comandante de la Brigada de Intervención Rápida.

Robert Besseling, director ejecutivo de la firma de asesoría de inteligencia Pangea-Risk, interpreta los cambios en parte a través del lente de la lealtad y la gestión de amenazas potenciales a la presidencia. Los decretos no explican los motivos de los nombramientos, lo que hace difícil establecer de forma independiente su importancia política.

Lo que está en juego se extiende más allá del palacio presidencial. Camerún enfrenta un conflicto separatista en sus regiones de habla inglesa y ataques de grupos armados vinculados a Boko Haram en el extremo norte.

La incertidumbre sobre la autoridad política en el centro podría complicar la respuesta del gobierno a estos desafíos, incluso aunque las instituciones estatales sigan funcionando.

Las críticas de la oposición se han centrado en la concentración del poder ejecutivo. El líder del Frente Socialdemócrata, Joshua Osih, criticó la enmienda constitucional durante el debate parlamentario de abril. En declaraciones recogidas por Focus Media Afrique el 3 de abril, argumentó que la reforma debilitaba la legitimidad democrática y reforzaba la centralización del poder.

Mientras tanto, el gobierno ha defendido la autoridad del presidente para realizar nombramientos. El ministro de Comunicaciones y portavoz del gobierno, René Emmanuel Sadi, dijo a la emisora ​​francesa RFI en agosto que Biya tenía derecho a decidir cuándo formar un nuevo gobierno. La presidencia no respondió a la solicitud de comentarios de Al Jazeera.

No todos los observadores ven un colapso inmediato en la administración estatal. Paul Anchang, analista político radicado en Yaundé, sostiene que las instituciones siguen desempeñando sus funciones. Besseling, sin embargo, ofrece una evaluación más crítica de la situación política.

La distinción entre un Estado funcional y un centro de autoridad política responsable sigue siendo el núcleo de la situación de Camerún.

Los asuntos gubernamentales pueden continuar, pero la concentración del poder en torno a un individuo deja preguntas sin resolver sobre quién ejerce la autoridad en su ausencia y cómo se transferirá eventualmente.

Como dice Robert Besseling: “La escena política sufre una clara parálisis institucional”.