Ministro de Estado de Asuntos Exteriores y Cooperación Internacional de la República Federal de Somalia.

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Ministro somalí explica por qué el “contrabando” de fugitivos en los Emiratos Árabes Unidos fue el “colmo”

Desde cualquier punto de vista objetivo, la decisión adoptada por el Gabinete de Somalia el 12 de enero de anular todos los acuerdos con los Emiratos Árabes Unidos no fue ni abrupta ni imprudente. Se produjo después de una moderación prolongada, un compromiso diplomático repetido y una evaluación sobria de lo que cualquier gobierno responsable está en última instancia obligado a defender: su soberanía, su orden constitucional y su unidad nacional.

Durante años, Somalia buscó la cooperación con socios externos de buena fe, guiada por la expectativa de que el compromiso se basaría en el respeto mutuo, la colaboración positiva y la búsqueda de un futuro próspero en el que todos salieran ganando. La paciencia del gobierno somalí no fue infinita ni incondicional. Cuando la cooperación internacional comienza a eludir las instituciones constitucionales, fragmenta la autoridad nacional y distorsiona los equilibrios políticos internos, deja de ser asociación y se convierte en una interferencia ilegal.

En esencia, la soberanía no es un eslogan vacío; es un sistema. Significa que las relaciones políticas, de seguridad y económicas con estados extranjeros deben fluir a través de las instituciones nacionales reconocidas de un país. Cuando surgen acuerdos paralelos, tratos directos con entidades subnacionales, cooperación en materia de seguridad fuera de la supervisión federal o acuerdos celebrados sin el consentimiento nacional, la integridad del Estado se erosiona gradualmente. Somalia experimentó precisamente este patrón durante un período prolongado con la participación de los Emiratos Árabes Unidos en el país. Por lo tanto, nuestra decisión nacional sobre los acuerdos de los EAU no fue un rechazo del compromiso bilateral positivo ni un abandono de la diplomacia: fue una afirmación de fronteras acordes con el derecho internacional.

Algunos críticos de la decisión del gobierno somalí de anular todos los acuerdos de los EAU han calificado la decisión de “drástica”, argumentando que Somalia debería haber absorbido estas prácticas en aras de la estabilidad a corto plazo o la conveniencia económica. Ese argumento no comprende ni la historia reciente de Somalia ni los fundamentos de un Estado duradero. Los Estados frágiles no se estabilizan tolerando una autoridad fragmentada impulsada por intereses externos. Se vuelven estables al consolidar las instituciones, aclarar las cadenas de mando y garantizar que la participación extranjera fortalezca al Estado en lugar de sustituirlo. La anulación de los acuerdos de los EAU celebrados con administraciones subnacionales y la suspensión de los acuerdos bilaterales de seguridad deben entenderse en este contexto.

Según el derecho internacional, y mediante todas las normas diplomáticas establecidas, las naciones soberanas deben comprometerse a través de sus instituciones nacionales pertinentes. Las instituciones nacionales son las únicas responsables del compromiso con las instituciones y actores de nivel subnacional. En consecuencia, ningún país independiente puede aceptar estructuras de seguridad que operen fuera de su marco constitucional o acuerdos portuarios que diluyan el control nacional sobre activos estratégicos y socaven el federalismo fiscal intergubernamental.

Lo que Somalia ha hecho es trazar una línea clara y legal. Ha dicho que el compromiso es bienvenido, pero sólo en términos transparentes, de estado a estado, consistentes con la autoridad constitucional y el derecho internacional. Ha afirmado que el diálogo sigue siendo posible pero que los principios no son negociables.

Dada la ubicación estratégica de Somalia, las preocupaciones sobre los trastornos económicos resultantes de la anulación de los acuerdos de los Emiratos Árabes Unidos son comprensibles. Sin embargo, nuestro gobierno ha implementado mecanismos para garantizar la continuidad de las operaciones portuarias y las responsabilidades de seguridad, incluido el uso de operadores internacionales neutrales para continuar facilitando el comercio global cuando sea necesario. Fundamentalmente, Somalia reconoce que el desarrollo y el crecimiento económicos sostenibles dependen de un entorno propicio adecuado, coherencia política y claridad jurídica, que los inversores buscan en todo el mundo. Sólo un Estado fuerte y unificado puede proporcionar esto, no uno fragmentado, dividido internamente por intereses externos destructivos.

La decisión de Somalia de anular los acuerdos de los Emiratos Árabes Unidos refleja una realidad regional más amplia. Somalia se encuentra en una encrucijada estratégica que une el Mar Rojo, el Golfo de Adén y el Cuerno de África en general. Cualquier uso del territorio, los puertos o el espacio político somalí para promover conflictos o agendas externas conlleva riesgos no sólo para Somalia, sino también para el comercio regional y la estabilidad en su conjunto. Por lo tanto, una Somalia fuerte y unida, que refuerce su soberanía nacional, es un activo regional y global.

Durante demasiado tiempo se ha hablado de Somalia como un objeto de política regional y no como un sujeto de derecho internacional. La decisión del Gabinete sobre los acuerdos de los EAU señala un alejamiento de esa narrativa. Afirma que Somalia se enfrentará al mundo como un igual soberano, no como un espacio fragmentado abierto a influencias y abusos paralelos.

La historia suele ser cruel con los Estados que retrasan decisiones difíciles en nombre de la conveniencia. Somalia optó por la claridad. Esa elección merece ser entendida no como una confrontación, sino como un acto tardío de respeto constitucional hacia uno mismo.

Las opiniones expresadas en este artículo son las del autor y no reflejan necesariamente la postura editorial de Al Jazeera.